La perito psicóloga que realizó las últimas diez Cámaras Gesell en el marco de la investigación por los supuestos abusos sexuales en el JIN 12 de 25 de Mayo elevó días atrás su informe técnico al juez de Control, Héctor Freigedo. La profesional realizó una serie de observaciones generales en las que resalta su pedido de cautela respecto a los resultados obtenidos en las charlas con los niños y niñas.
Como un "deber ético", la especialista se vio en la obligación de explicarle al magistrado que los niños en edad preescolar pueden recordar las situaciones que viven y pueden explicarlas a alguien, pero que en niños pequeños los acontecimientos pueden llegar a olvidarse o ser fácilmente interferidos.
"Estas interferencias mencionadas, suelen en lo que respecta a los testimonios de niños, denominarse como contaminación del discurso, que independientemente de las voluntades o intenciones del contexto inciden en el relato. En este caso específico (el de 25 de Mayo) es necesario considerar la presencia de posibles aspectos contaminantes como el paso del tiempo, el debate público y el impacto social de los supuestos hechos denunciados", explicó la psicóloga.
Por ese motivo, explicó que desde la psicología "se sugiere no determinar la existencia de hechos o no en base solo a resultados de la evaluación de testimonios en dispositivo de Cámara Gesell" y recomendó cotejar los relatos con "otros elementos para completar la declaración testimonial".
Este proceder, afirmó, es el que "plantea la 'Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes, víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos' proporcionada por Unicef, Jufejus y la Asociación por los Derechos Civiles. Considerando que tan solo la presencia o ausencia del relato no determina la existencia o no de los hechos".

Espontáneo y genuino.
Las consideraciones de la perito oficial fueron realizadas en ocasión de entregarle al juez las conclusiones de las Cámaras Gesell realizadas los días 3, 4 y 17 de septiembre en el edificio de las fiscalías veinticinqueñas. Durante esas jornadas fueron realizadas 15 entrevistas con niños, uno de los cuales ya había brindado su testimonio anteriormente, en General Acha.
De la quincena de testimonios, hay dos niños que aportan datos que para la psicóloga tienen rasgos de credibilidad, más allá de su pedido para que sean cotejados con otras pruebas.
En uno de ellos, la pericia observa la presencia de "algunos elementos" que coinciden con los hechos denunciados por los padres. Sostiene que el relato es espontáneo y genuino, aunque por momentos cuenta con elementos difícilmente compatibles con los hechos investigados. En ese sentido plantea que es difícil diferenciar entre la mentira, lo imaginado, lo fantaseado, los hechos influenciados por la sugestión o los juegos simbólicos propios de la edad (NdR: los niños y niñas que declararon tienen entre 4 y 5 años).
La especialista considera espontáneas las reacciones del testigo al ver las fotos que se le mostraron, al punto de resultarle creíble que el pequeño conoce el lugar (la chacra de uno de los imputados). También la descripción que hizo respecto a que le tocaron una zona íntima de su cuerpo.
Igualmente, la profesional insiste en la necesidad de cotejar el relato con otras pruebas y advierte que desde la denuncia hasta la toma del testimonio transcurrió un tiempo en el que se desconoce si operaron factores contaminantes (del relato) ligados a repercusiones familiares y sociales de los hechos denunciados.

Credibilidad con limitaciones.
En el otro caso, la psicóloga concluye que hay en el relato algunos elementos que coinciden con lo denunciado. Explica que por el tipo de descripciones que hace respecto a dos personas puede señalarse que se trata de un testimonio con características de credibilidad, con las limitaciones propias de un niño o niña de edad preescolar.
En este caso, al evaluar el resultado del conjunto de entrevistas realizadas ese día (cinco en total), la profesional indica que es el único de los relatos obtenidos que "ha podido brindar algún elemento que podría contribuir a esclarecer los hechos investigados".
A su vez, hay un tercer testimonio en el que se hace una representación negativa de una de las maestras jardineras que está imputada en la causa. Allí se afirma que la docente golpeaba a los infantes de la salita de 4 que tenía a su cargo, pero a pesar de las preguntas para obtener más datos no se logró ninguna descripción. Por momentos, se manifiesta haber presenciado los golpes y en otros, que no. Del mismo modo, en un tramo de la entrevista, refiere que la maestra les sacaba fotos feas, pero luego lo niega.
En ese sentido, la psicóloga asegura que las contradicciones, la carencia de descripciones sobre las situaciones y la información que manifiesta haber recibido por parte de su mamá sobre la intervención policial, no permiten realizar afirmaciones acerca de la credibilidad del discurso. "Se advierte la posibilidad de que el discurso de (...) se encuentre contaminado por las repercusiones a nivel social y familiar de las actuaciones", escribe la perito.

"No se obtienen elementos".
A excepción de estos tres casos, en el resto de los 15 testimonios, el informe pericial de las Cámaras Gesell sostiene que "no pueden aplicarse criterios de análisis de discurso en cuanto a validez o veracidad", que "no se desprende de la entrevista relatos que puedan vincularse a los hechos denunciados", que la información aportada por el testigo "no permite un análisis de credibilidad del discurso" o que del relato "no se obtienen elementos que puedan contribuir a esclarecer los hechos".
Las declaraciones testimoniales tomadas en las tres jornadas de septiembre se suman a las tomadas en el mes de junio, durante dos días en que el dispositivo de Cámara Gesell funcionó en la ciudad de General Acha. Entonces, solo uno de los niños entrevistados ofreció datos que, en el análisis de la perito psicóloga, resultó creíble, más allá que la propia profesional aclaró que existía la posibilidad de que el relato hubiera estado "contaminado" por el entorno familiar y social del niño o niña.
La causa se inició con una denuncia realizada a mediados de mayo. En total se formalizaron más de 30 casos. Los imputados son cuatro personas: un empleado administrativo de la Coordinación de Nivel Secundario, dos maestras jardineras y el rector de un colegio.