En el centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra de la exrectora, la psicóloga y la veedora del Gimnasio Castillo Campestre por su presunta responsabilidad en los actos de discriminación al joven estudiante Sergio Urrego Reyes por su orientación sexual.

Amanda Azucena Castillo, Ibonn Cheque y Rosalía Ramírez tendrán que responder por los delitos de discriminación, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas por las acciones dirigidas en contra del estudiante de 16 años después de conocerse unas fotografías en las cuales aparecía dándose un pico con otro estudiante. Urrego fue suspendido porque había ido en contravía del manual de convivencia del centro educativo.

Tras considerarlo un “acto obsceno” el estudiante fue enviado a psicología. Su otro compañero, según las pruebas recolectadas, fue presionado para que presentara una denuncia en contra de Urrego por presunto acoso sexual. Para la Fiscalía General las amonestaciones, llamados de atención y las observaciones de la psicóloga fueron destruidas después que el joven decidiera acabar con su vida el 4 de agosto de 2014.

En el escrito de acusación se señala que se presentó una vulneración al derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad por parte de las directivas del colegio. En este punto se citará el fallo emitido por la Corte Constitucional en el cual se considera que con su actuar se le violentaron los derechos fundamentales al estudiante quien evidentemente fue discriminado por su orientación sexual y sus posiciones frente a las normativas del centro educativo.

La Fiscalía aseguró que la exrectora Amanda Castillo, con el conocimiento de la psicóloga Cheque, denunció ante las autoridades hechos falsos. Por ejemplo, pese a conocer que Sergio Urrego y su compañero eran pareja, presentó una denuncia ante la Comisaría de Familia, la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá y Bienestar Familiar en la que señaló que Urrego acosaba sexualmente al otro estudiante y que estaba abandonado por su familia. La carta que dirigió a estas entidades afirma:

Además, teniendo en cuenta las declaraciones que los padres y el propio compañero de Sergio Urrego entregaron, la Fiscalía aseguró que la rectora constriñó a los padres del menor a presentar otra denuncia por acoso sexual contra el joven a cambio de que éste pudiera terminar once grado. Incluso, el ente acusador entregó el testimonio de una de las profesoras, quien contó que la rectora le pidió que hiciera anotaciones negativas en la bitácora personal del joven, incluyendo la denuncia de acoso sexual, para manchar su desempeño y honra, después de su muerte.

El ente investigador encontró que a una compañera de Sergio, la veedora del colegio Rosalía Ramírez le pidió que volviera a hacer una versión libre sobre los hechos. “Me dijo que escribiera que ellos se habían dado un beso en clase, no un pico en receso como había sucedido. Cuando se la entregué vi que ella rompió la pasada y que le decía a otras directivas que todo era por el bien del colegio”, señaló una testigo.

La Fiscalía citará el testimonio de otros estudiantes que contaron que después de la muerte de Sergio, los llamaron para que firmaran otras actas de expedientes disciplinarios contra parejas heterosexuales con una fecha anterior al suicidio, para ocultar el trato discriminatorio a la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Por las pruebas encontradas, y la gravedad de los delitos, las penas pueden ir hasta 12 años.