El juicio que enfrenta la controvertida profesional, surgió a partir de una denuncia por la presunta alteración de un dibujo efectuado por una nena a la que Lezcano atendió y a partir del cual, se inició una investigación por presunto abuso sexual contra el padre de la niña.
En la jornada de alegatos, el fiscal Marcos Egusquiza solicitó tres años de prisión condicional, seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos y ocho para desempeñar su profesión.
En tanto, el abogado defensor Carlos Alberto Zimerman pidió la absolución para Lezcano en las dos causas que se le imputan. Asimismo, aseguró que el perito Adolfo Loreal incurrió en falso testimonio e hizo hincapié en supuestos malos procedimientos y errores al momento de realizarse la Cámara Gesell.
Por su parte, la psicóloga reiteró su inocencia y aseguró que espera con tranquilidad la sentencia de hoy.
“Este juicio es una bisagra para que no se repita la persecución judicial a ningún otro profesional que trabaje en la visibilización del delito de abuso sexual infantil con el fin de acallarlo”, afirmó Lezcano, quien cuenta con adhesiones y apoyos de algunos sectores que atacan la teoría del Síndrome de Alienación Parental (SAP), como una herramienta para encubrir abusos.
La psicóloga incluso contó en el proceso con dos Amicus Curiae en adhesión a su persona y labor en pos de los derechos de los niños vulnerados por el delito de abuso sexual. Ambas presentaciones fueron realizadas por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASADICN) y el Colectivo Nacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
De todas maneras, Daniela Lezcano fue inhabilitada por el Colegio de Psicólogos a la que pertenece e incluso, no cuenta con demasiado apoyo de sus pares del ámbito local.

EL CASO
En 2010 una menor, después de un año y medio de terapia, llegó a su sesión semanal con un hematoma a la altura de la cadera y le relató a la profesional que se había golpeado en una situación de forcejeo.
“Me cuenta que su padre la había querido abusar. Le informé a la madre de la situación, le entregué los dibujos que su hija había hecho en terapia y ella los llevó a la Comisaría de la Mujer, donde realizó la denuncia. El equipo técnico del Juzgado de Familia evaluó a la nena, establecieron que había indicadores de abuso sexual y le impusieron una restricción de contacto al padre”, repasó Lezcano en diálogo con distintos medios de comunicación durante estos días.
En 2011, y a raíz de declaraciones a la prensa de Patricia Perelló, abogada defensora del presunto abusador, el fiscal Eguisquiza le notificó que era investigada por falso testimonio y falsificación de instrumento privado.
“La acusación radica en que yo tergiversé o toqué los dibujos. Uno de ellos estaba completo: había caras tristes y una casa, que la criatura no había hecho porque sus trazos eran mucho más básicos. Pero yo tampoco lo hice”, señaló la profesional.
Ante la posibilidad de que Lezcano hubiera inducido a la menor a denunciar a su padre, el caso fue elevado a juicio y el fiscal solicitó una condena de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer como psicóloga.
“Hay que fijarse bien en qué manos estuvieron los dibujos, ya que pasaron un año y medio sin cadena de custodia en la Comisaría de la Mujer”, indicó.
Actualmente, Lezcano continúa trabajando a pesar que en 2012 el Colegio de Psicólogos del Distrito Ocho, al cual pertenece, le impuso como sanción administrativa el bloqueo de su matrícula y la inhabilitación para ejercer por dos años.
“Dieron por hecho que induje a la niña y falsifiqué la documentación, pero apelé. Éste fue el único Colegio que no se pronunció y repudió el Síndrome de Alienación Parental (SAP)”, manifestó la profesional.
El SAP, invalidado por dos dictámenes del Congreso de la Nación, es la estrategia de los denunciados en descalificar la voz de sus denunciantes alegando que no es la palabra real de niños y niñas sino la de las madres, en la mayoría de los casos.