Prostíbulo Vip, el juicio: “Las chicas naturalizaron la violencia y la …

En una nueva jornada del juicio que se realiza en los Tribunales Federales contra el dueo, ayudantes, un mdico y hasta policas acusados de formar parte de Pyme Vip, un prostbulo en el que habran explotado sexualmente a al menos 30 mujeres, declar la psicloga que asiste a las vctimas.

Andrea Capadora fue la encargada, junto a un equipo de profesionales del ministerio de Desarrollo Social, de realizar cuatro informes que tienen como objetivo evaluar el estado de las mujeres que formaron parte del prostbulo y determinar si estn en condiciones de declarar.

La psicloga trabaja desde el mes de abril con las vctimas, y dijo que una de las mujeres manifest que haba recibido amenazas contra ella y sus hijos por parte del dueo del local donde haba trabajado para que no declare, en relacin al imputado Sebastin Sol.

Por esta razn la mujer no quera declarar en la causa, situacin similar al de otras vctimas, quienes porque sus familias no saban acerca de su trabajo o por miedo, preferan permanecer desvinculadas al debate.

En relacin a cada una de las mujeres, para Capadora todas coinciden que en el momento en el que llegaron al lugar estaban en la bsqueda de un trabajo, porque eran el sostn de su familia, estaban separadas o tenan un familiar enfermo. En muchos casos las chicas se iniciaron en la actividad en este prostbulo y eran vulnerables porque hay situaciones de violencia simblica en 

Sol, sealado como propietario del prostbulo.

el delito de la trata que hasta la vctima no llega a ser consciente de eso.

La profesional sostuvo que hay situaciones culturales que nos han llevado a ubicar a las mujeres en desventaja, y el hombre cree tener el derecho de exigir ciertos servicios, porque se ha naturalizado el hecho de que la mujer tenga que poner el cuerpo para estos servicios.

Si bien y tal como seal Sol durante su declaracin, las mujeres tenan una ganancia del 50% del servicio que prestaban, el resto era para el prostbulo, y todas eran consientes que lo que ganaban no estaba acorde al nivel de esfuerzo que hacan.

Luego precis que muchas llegaron al lugar por avisos en los diarios donde buscaban a recepcionistas o barwoman y que tenan 8 horas de trabajo con algunas pautas, como la de no elegir a los clientes y deban realizar la cantidad de pases -relaciones sexuales- de acuerdo la cantidad de hombres que las eligieran.

Todas haban naturalizado la situacin de explotacin y violencia, detall y agreg a modo de ejemplo que a veces despus de las 8 horas deban seguir trabajando porque las buscaba un cliente y si se negaban eran echadas. El no querer hacer algo y tener que hacerlo, implica violencia.

Durante su declaracin la profesional mencion los abortos a los que fueron sometidas al menos dos de las chicas del prostbulo y seal que sufrieron coercin psicolgica.

Que te digan mir que ests sola, pensalo, cmo lo vas a cuidar, sos de otra provincia, son maneras de coercin, aclar.

A pesar de que la ley de trata 26.842 reformul el tema del consentimiento de las vctimas, los defensores intentaron comprobar si las mujeres estaban por sus propios medios y podan marcharse cuando lo desearan.

Al respecto, la psicloga no dej lugar a dudas y seal que hay situaciones donde es complejo irse cuando uno no tiene otras opciones, y en este caso claramente no existan.

Muchas de las damnificadas tuvieron, de acuerdo a lo que declararon frente a la profesional, otros trabajos en el servicio domstico, pero tenan salarios que ni siquiera les permita cubrir sus necesidades bsicas.

Todos los imputados:

Sebastin Sol, el dueo del prostbulo.

Paola Gonzlez, sealada como quien se encontraba en la caja del prostbulo y mano derecha de Sol.

Cristian Prado, el electricista y la otra persona de confianza de Sole.

Ral Cuquejo, inspector de la municipalidad de Capital.

Sal Segura, mantenimiento.

Osvaldo Pastorino, mdico gineclogo.

Sergio Guzmn, seguridad.

Emiliano Salinas, seguridad.

Gustavo Torres, mantenimiento.

ngel Arias y Nelson Bravo, cabos de la Polica Federal.

Todos estn acusados del delito de Trata de personas contemplado en la ley 26.842, cuya pena llega a los 15 aos de prisin.

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