En la misma, la profesora expresa que “Querría decirle y compartir con otros ciudadanos lo que no pude decir ante el Consejo Superior, no sólo porque se decidió no investigar mis denuncias por violencia laboral sino porque se entendió que, luego de 30 años de trabajo responsable en la institución, no merezco siquiera ser recibida y escuchada”.
“Si hubiese sido recibida, Sr. Rector, podría haber explicado a los miembros del Consejo Superior qué es el mobbing o acoso laboral, por qué es claramente diferente al conflicto interpersonal y, sobre todo, podría haber rebatido, con fundamentos teóricos y jurídicos, la afirmación de la Sra. Decana, Prof. Spinello, que sostuvo ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil que no hubo acoso laboral porque no había una relación de empleador a empleado. Esa afirmación, Sr. Rector, supone, no sólo un profundo desconocimiento de cuestiones básicas expuestas en todos los trabajos académicos sobre el tema, sino, en particular, de la ley 26485 y su decreto reglamentario, que dice, textualmente: ‘Se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores’”.
Añade que “si se me hubiera recibido, Sr. Rector, aunque más no fuere por una cuestión de respeto a una profesora que lleva muchos años dedicados a la docencia y la investigación en esta universidad, y cuyos trabajos académicos han sido reconocidos por otras universidades, podría haberles mostrado a los Sres. Consejeros las numerosas cartas sin responder de las distintas autoridades de la Facultad: la Sra. Decana, la Sra. Secretaria Académica, la Sra. Directora de Departamento. Cartas en las que desde el año 2009 estoy reclamando por las situaciones de abuso de poder y hostigamiento padecidos, y otras en las que reclamé durante dos años, sin recibir respuesta, se elevara un pedido de concurso interno para proveer un ayudante alumno para una de mis materias. Esa falta de respuesta es, asimismo, violencia laboral, ya que como lo señala Diana Scialpi, destacada especialista en el tema, también constituye acoso laboral ‘la ausencia del obligado procedimiento administrativo frente a los reclamos presentados por los agentes’”.
“Si se me hubiese recibido –insiste Balduzzi-, Sr. Rector, podría haber llevado y expuesto ante los Sres. Consejeros, el informe médico psiquiátrico que acredita que sufro de estrés postraumático crónico como consecuencia del hostigamiento padecido durante años en mi lugar de trabajo y la falta de respuesta a mis reclamos. Si los hechos denunciados se hubiesen investigado, Sr. Rector, podrían ustedes haber convocado a la profesional –de larga y reconocida trayectoria- que firmó ese informe, a fin de preguntarle, por ejemplo, si soy una persona con sentido de la realidad o una mitómana fabuladora que inventó, vaya uno a saber con qué propósito, los hechos denunciados”.
La docente apuntó luego que “si se hubiese decidido investigar, Sr. Rector, hubiese dado cuenta de todas las arbitrariedades, abusos de poder, prácticas prebendarias y decisiones lindantes con la ilegalidad que se desarrollaban en el Departamento de Psicología. Podría haber enumerado varios hechos, con fecha y descripción minuciosa; son los hechos a los que me opuse porque eran claramente violatorios del reglamento de la Facultad y de la ética, algunos de los cuales denuncié. Tal vez entonces hubiesen entendido los Sres. Consejeros por qué me convertí en blanco del hostigamiento psicológico”.
“Si se hubiese decidido investigar, Sr. Rector, hubiese podido convocar testigos que presenciaron los hechos de hostigamiento, hechos de gran perversidad y cinismo, perpetrados por los denunciados, y en especial por su líder. Si bien varios de los espectadores pasivos fueron y son cómplices y otros callan por conveniencia o por temor, confiaba y confío en la entereza moral y la dignidad de unos pocos que hubiesen dicho la verdad: lo que vieron y oyeron”.
“Pero lamentablemente, Sr. Rector, se decidió no investigar las graves denuncias realizadas. Es más, se decidió que ni siquiera valía la pena escucharme. Y no solo esto: también se ignoró mi reclamo formal y por escrito (presentación del 6 de abril del corriente) en que solicito se me informe de las actuaciones desarrolladas en el expediente y se me faciliten copias”, advierte Balduzzi.
“En una absoluta vulneración de mis derechos constitucionales, y del principio básico de imparcialidad, serán las amigas/os y aliadas/os políticas/os de las personas denunciadas, las que dictaminarán, arbitrariamente, que no hubo acoso”.
“Las mujeres que hemos sufrido hechos de violencia y que nos amparamos en la Ley de protección integral a las mujeres (ley 26485) -la misma que el Consejo Superior, a través de una resolución reciente en ocasión de las movilizaciones públicas del 3 de junio, declara defender-, sabemos que las instituciones a veces, lejos de protegernos, nos revictimizan. Eso es lo que creo que la Universidad hace en mi caso. Al no investigar los hechos denunciados, al decidir que ni siquiera merezco ser escuchada, al dejar librada a los propios denunciados, o sus amigos y aliados, la decisión de si hubo o no violencia laboral, consagra la arbitrariedad del poder, la impunidad de los acosadores y opera como institución revictimizadora”.
María Matilde Balduzzi es Profesora Titular en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro y había elevado una denuncia a nivel institucional, por sentir el citado hostigamiento o acoso laboral, por parte de un grupo de profesores y colegas, que según la propia profesional, lideraba el reconocido psicólogo y también docente universitario, además de concejal por la UCR, Adolfo Loreal.